Visité Bolivia en 1995. El país parecía haber encontrado una cierta estabilidad democrática desde 1982 y la hiperinflación empezaba a ser un mal recuerdo. Eran los tiempos del primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sánchez de Lozada había asumido la presidencia en 1993 con un programa modernizador muy ambicioso. El programa preveía, al menos sobre el papel, la mejora de los niveles educativos, la descentralización y dar más peso al elemento indígena. Pero lo principal del programa se centraba en lo económico. La economía boliviana sería reformada según parámetros neoliberales y dentro de esas reformas la privatización (en Bolivia denominada “capitalización” por entender que era un término menos comprometido) de las empresas estatales era el elemento clave.

El programa de Sánchez de Lozada tenía sus virtudes, pero, como tantos programas inspirados por las instituciones financieras internacionales, no había tenido en cuenta la realidad del país. No se entendió que Bolivia tiene una tradición sindicalista muy fuerte y que en un contexto en el que la crisis de la minería había deslocalizado a numerosos obreros, era preciso realizar una intensa campaña didáctica sobre las bondades de la privatización, si se quería que ésta fuera aceptada por la población. Por otra parte, el sistema político boliviano que dificulta las mayorías absolutas y favorece los gobiernos de coalición a varias bandas, garantizaba prácticamente que tanto Sánchez de Lozada como sus sucesores tendrían que recurrir a múltiples componendas para conseguir los apoyos políticos necesarios.

El sucesor de Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer siguió con las reformas económicas, además de convertir la erradicación del cultivo de la coca en uno de los ejes de su mandato. A mediados de los 90 Bolivia producía en torno a la tercera parte de la coca que se utilizaba en el mundo para la fabricación de cocaína. Según me comentaron en 1995, la coca representaba en torno al 7% del PIB boliviano, en un cálculo que considero infravalorado. Una parte importante de los cultivadores de la coca eran ex-mineros que se habían reasentado en la zona del Chapare tras la crisis de la minería. Atacando con vigor y con éxito el cultivo de la coca, Bánzer consiguió dos cosas: 1) Suprimir una fuente de riqueza, aunque ilegal, importante para la economía, sin hallar una alternativa; 2) Indisponer a los cultivadores, un grupo social muy politizado y fácilmente movilizable.

La bonanza económica terminó hacia 1999. La inversión extranjera se frenó, tanto por los efectos de la crisis internacional iniciada en 1997, como por la percepción de que Bolivia se estaba desestabilizando. El Estado empezó a acumular déficits fiscales importantes. Los ingresos de la coca se redujeron inmensamente. Y, finalmente, la población no sentía que los beneficios de la privatización le hubiesen alcanzado.

En el primer trimestre de 2000 se vivió en Cochabamba la “guerra del agua”. La privatización del suministro del agua a la ciudad se tradujo en la quintuplicación de los precios. La gente salió a las calles y el Gobierno se vió obligado a rectificar y a revertir el contrato que había firmado con Bechtel. Fue una derrota de la privatización y una lección para el pueblo: la presión de la calle funcionaba. Quien mejor entendió esa lección fue el líder campesino Evo Morales.

Evo Morales reúne en su persona dos características: es aymara y cocalero, dos razones para no sentirse satisfecho con la ejecutoria de los últimos Gobiernos bolivianos. Desde finales de los ochenta se había hecho notar como un hombre carismático, capaz de movilizar a los campesinos. No obstante, se pensaba que siempre quedaría como un elemento marginal, fuera del sistema. Su gran oportunidad le llegó con la “guerra del agua”, que le permitió presentarse como una alternativa real a un sistema de partidos tradicionales que ya no funciona. Se trata de un esquema muy similar al que acabó llevando a Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. En las elecciones de 2002 Evo Morales y su Movimiento Al Socialismo (MAS) quedaron segundos, a 1,6 puntos del partido vencedor, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada necesitó formar una coalición con tres partidos más para lograr la elección como Presidente en el Congreso.

El segundo mandato de Sánchez de Lozada fue agitado desde el primer momento. Posiblemente Sánchez de Lozada, de personalidad más empresarial que política, no fuese el hombre adecuado para hacerse cargo de un país en plena crisis social y económica. Durante los catorce meses que pasó en el poder, se le vio incapaz de marcar el curso de los acontecimientos y aun de imponer disciplina a sus propios aliados políticos. Las protestas callejeras de septiembre y octubre de 2003, causadas por la cuestión de la explotación de los hidrocarburos nacionales, provocaron su dimisión y salida del país.

Según preveía la Constitución, Sánchez fue sustituido por el Vicepresidente, Carlos Mesa. Carlos Mesa, muy sensible al sentimiento ciudadano, intentó gobernar buscando un consenso, especialmente en las dos cuestiones más candentes: los hidrocarburos y el separatismo regional. Su dimisión de la semana pasada ha demostrado que era tarea imposible.

Parece que Bolivia está adentrándose por el camino que ya tomó Ecuador hace unos años y que en parte fue el de Venezuela. Los partidos políticos tradicionales están divididos entre sí y desacreditados. La ciudadanía descontenta ya ha aprendido a ejercer su fuerza en la calle y a dejar de recurrir a unos cauces constitucionales de los que desconfía. Lo malo es que el vencedor de este escenario, Evo Morales, tal vez descubra pronto que es mucho más fácil agitar que gobernar.